San Pedro de Macorís, 4 de noviembre de 2021. La Red Iberoamericana de Entidades de personas con discapacidad física y sus entidades socias Cimudis y Asodifimo, presentaron estudió sobre la situación de las mujeres con discapacidad de las provincias de Azua y San Pedro de Macorís y su acceso a los servicios de prevención y atención del la violencia de género.
La investigación, realizada en el marco del proyecto “Ciudadanía activa contra la violencia de género hacia las mujeres con discapacidad en República Dominicana” Con financiación de la Unión Europea y la Fundación ONCE y el apoyo de COCEMFE, recoge datos sobre la situación de las mujeres con discapacidad en las provincias de Azua y San Pedro de Macorís, profundizando en la violencia de género y en accesibilidad a los servicios públicos.
El estudio, que fue presentado por Didiana Belliard, técnica de género de La Red y encargada del proyecto, parte de una mirada donde el acceso físico a los servicios básicos, la condición socio-económica y la violencia basada en género son factores que fomentan fenómenos de exclusión, discriminación y desigualdad de las mujeres con discapacidad creando barreras para una inclusión plena.
En el evento que fue coordinado por Deisy Segui, Marleni Polo López y Bélgica Mota, participaron autoridades regionales y municipales, representantes de instituciones estatales, organizaciones de la sociedad civil y socias del círculo de mujeres con discapacidad CIMUDIS, entre las que se encontraban la Gobernadora de San Pedro, Aracelis Villanueva, el Director Provincial de Salud, Juan Ramón de los Santos, Yolanda Jacobo, Vicealcaldesa de San Pedro, Hilda Castillo, directora de la región de Higüamo de CONANI, Brenda Sabalera, coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Genero, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, la encargada de la división especializada de genero de la región este de la Policía Nacional, Carys Contreras, Gissel Santana, encargada de la oficina provincial de la mujer, así como personal del Ministerio de Educación, de la Defensa Civil, el programa SUPERATE y organizaciones de la sociedad civil como IDAC, ASCALA, Circulo de Locutores Dominicano, Asociación Nacional de Mujeres Trabajadoras de Zonas Francas, ANAMUTRAZONA.
Tras la presentación del resumen del estudio, algunas de las autoridades y representantes de instituciones presentes tomaron la palabra para expresar su compromiso con este sector, y la disponibilidad de las instituciones a las que representan para trabajar de la mano y lograr la reivindicación de derechos para las mujeres con discapacidad.
La gobernadora Aracelis Villanueva, a través de Almavida Reyes Espinal, encargada regional este del programa supérate, se comprometió con realizar la entrega de la tarjeta supérate a las mujeres con discapacidad que no cuenten con la misma, y continuar con la entrega de becas universitarias a hombres y mujeres con discapacidad que la soliciten.
Por otro lado el director provincial de salud Juan Ramón De los Santos, realizo el compromiso de entregar a las mujeres con discapacidad sus diagnósticos médicos, la vicealcaldesa de San Pedro de Macorís, Yolanda Jacobo puso a disposición su despacho y la disponibilidad de becas universitarias para las mujeres con discapacidad.
Algunas de las mujeres de organizaciones de la sociedad civil y mujeres socias de CIMUDIS, realizaron un llamado a las autoridades a poner su mirada sobre este sector, el cual le han sido vulnerado sus derechos como ciudadanos y ciudadanas, es el caso de Petra Hernández, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Trabajadoras de Zonas Francas, quien llamo a las autoridades y la sociedad civil a realizar el reclamo de que se cumpla el porcentaje establecido por la ley para que sean empleados/as hombres y mujeres con discapacidad en las industrias de zonas franca, ya que la presencia de este sector muy baja, casi nulo. También expresaron todas las situaciones que deben atravesar día a día en sus sectores, el mal estado de sus calles, lo que no les permite movilizarse, el casco urbano de la ciudad e instituciones públicas, por la poca accesibilidad que existe en la ciudad.
Las mujeres con discapacidad sufren todo tipo de violencias y niveles: directa, indirecta. En la vida familiar y comunitaria (física, psicológica, obstétrica etc.) y cuando salen de su entorno cercano (estructural, por la baja accesibilidad universal en la calle/servicios públicos, a los cuales en parte no pueden ni acercarse por falta de recurso económicos). En su vida cotidiana fuera y dentro de su entorno privado experimentan de manera constante violencia a nivel simbólico que las desvaloriza; las “burlan”; y las discriminan; las excluyen o peor las invisibilizan.