La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física, La Red, y sus entidades, CIMUDIS, ASODIFIMO y ADIDE solicitan al Gobierno que tengan en cuenta las necesidades de los y las escolares con discapacidad y garanticen su derecho a una educación inclusiva.
La pandemia mundial del COVID-19 ha puesto de manifiesto las carencias y dificultades de todos los sistemas, especialmente el sanitario y el educativo, donde la inclusión de las personas con discapacidad es más necesaria que nunca. Nos encontramos ante una situación excepcional a la que los gobiernos y sociedades deben adaptarse rápidamente.
La Educación para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en República Dominicana sigue siendo un desafío, que se ve agravado por el actual cierre de los centros escolares. Son múltiples las barreras que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y sus familias tienen que enfrentar, barreras que les impactan en mayor medida que al resto de los alumnos, dificultan la progresión del aprendizaje y el seguimiento a su desarrollo. Especialmente crítica es la situación de los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales que necesitan de un mayor apoyo, tanto humano como tecnológico.
Algunos de los principales desafíos que encuentran los y las estudiantes con discapacidad y sus familias son:
- Contar con el apoyo de los equipos de especialistas necesarios para atender sus necesidades.
- La carencia de elementos de apoyo y de las tecnologías adecuadas para seguir las clases desde el hogar.
- Dificultades para la conciliación familiar, los cuidados y la atención personal. Cuando el país todavía no cuenta con un marco legal y social que facilite los cuidados y la conciliación.
- Las dificultades económicas que viven las familias y que se ven agravadas con la atención a niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
- Necesidad de un protocolo para los equipos de especialistas, personal de salud y cuidadores de niños, niñas y adolescentes.
Por este motivo, La Red y sus entidades, piden a las autoridades que destinen todos los recursos económicos, técnicos y humanos necesarios para que ningún estudiante con discapacidad se quede atrás. Se garantice el derecho a una educación inclusiva y la provisión de los apoyos necesarios para que todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad puedan adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias para vivir dignamente y desarrollar todo su potencial.
La pandemia por el COVID 19 ha puesto de manifiesto la necesidad del uso de las tecnologías y la ventana de oportunidad que supone su utilización en la educación. Su uso facilita la accesibilidad, metodologías inclusivas, la personalización de los ritmos de aprendizaje y la atención a las necesidades de todo el estudiantado.
Estamos ante una gran oportunidad para avanzar hacia una educación inclusiva, sin dejar a ningún estudiante atrás, promoviendo su derecho a un desarrollo personal, educativo y profesional en igualdad de condiciones.
Es imprescindible respetar todos los mandatos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas e implantar un sistema educativo que promueva la igualdad de oportunidades y que no discrimine a las personas por razón de su discapacidad.