La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física, La Red, y sus entidades, CIMUDIS, ASODIFIMO y ADIDE reconocen la labor del gobierno y todos los esfuerzos realizados por el Ministerio de Educación para poner en marcha el año escolar 2020-2021 bajo las circunstancias de la crisis sanitaria, social y económica mundial provocada por la pandemia del Covid-19.
La educación es un Derecho Humano fundamental de todos los niños, niñas y adolescentes independientemente de la situación actual de COVID-19. Es una forma de brindar estabilidad y seguridad a la niñez ya que ayuda a implementar una rutina, a utilizar su tiempo de forma productiva y así afrontar el trauma, el estrés y el miedo que pueden estar sintiendo a causa de la pandemia. Por eso es muy importante que los niños, niñas y adolescentes puedan seguir estudiando y aprendiendo desde casa.
Nos encontramos ante una situación excepcional, y nunca antes vivida, que ha puesto de relieve las enormes dificultades de todos los sistemas, y especialmente el educativo. Según el último Informe de la Unesco publicado recientemente hay 188 países afectados por el cierre de las escuelas, que involucra a más de 1.570 millones de estudiantes en todo el mundo (el 92% de la población estudiantil global).
Todos estos factores convierten al alumnado con necesidades educativas especiales y a las personas con discapacidad, en un grupo más vulnerable ante la situación de continuar las clases desde sus hogares, así como ante la recuperación de rutinas educativas e itinerarios formativos. La suspensión de tratamientos específicos de acompañamiento comporta un importante riesgo de involución o desequilibrio en el proceso educativo. Sufren en mayor grado la brecha económica, social, tecnológica y carecen de los suficientes apoyos de accesibilidad cognitiva y apoyos personales para ser compensada.
Instamos al gobierno a que continúe realizando todos los esfuerzos necesarios para incluir en sus programas de ayuda social a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y sus familias ya que el poco acceso a una educación inclusiva aumenta el círculo de pobreza que ya de por sí afecta a un gran número de personas con discapacidad.
Reconocemos las dificultades presentadas para hacer efectiva la inclusión de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, sin embargo, consideramos que estas dificultades no deben ser obstáculo para continuar con los esfuerzos de inclusión.
La actual crisis por COVID-19 afecta especialmente a las personas con discapacidad y a sus familias, comprometiendo su salud y bienestar. Por ello, La Red y sus entidades, hacen especial hincapié en la necesidad del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, así como el de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás, para garantizar, también en situaciones de emergencia como la actual, el derecho a la educación de las personas con discapacidad física y orgánica y personas con enfermedades crónicas. Poniendo especial énfasis en las mujeres y las niñas con discapacidad.